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El ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió que la dirigencia cívica será responsable de los actos violentos que se podrían registran en un posible desalojo de campesinos en la Chiquitania y señaló que se están tomando atribuciones que no corresponden.

«Cada uno es responsable de sus actos, sea autoridad política, sea dirigente social, sea dirigente cívico, cada uno es responsable de sus actos», manifestó Romero.

Indicó que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra) es la instancia competente para determinar la ilegalidad de los asentamientos y en ese sentido proceder a los respectivos desalojos.

«El Inra tendrá que responderles, pero evidentemente cualquier grupo de personas tiene derecho a plantear iniciativas pero no pueden abrogarse competencias que corresponden a determinadas instituciones», manifestó el titular de Gobierno.

Mario Chambi, presidente de la Comisión Tierra Territorio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), manifestó que los cívicos cruceños se creen dueños del país.

«Estos compañeros cruceños, qué creen ¿que son dueños del país? dicen ´vamos a desalojar´, desalojen, el movimiento campesino hará sus cabildos, sus mandatos y sus instructivas y veremos qué hacemos», advirtió.

Agregó que son los grandes terratenientes los causantes de los incendios forestales y no los pequeños productores.

El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, indicó que el desalojo se lo hace de forma pacífica, en respuesta las determinaciones realizadas el viernes en el cabildo cruceño.

«Hay un desalojo pero de una forma pacífica (…) sin hacer convulsión, sin generar violencia (…) vuelvo a decir, nosotros como Comité no vamos  a generar violencia», comentó.

Agregó que para ese objetivo «el primer paso es hablar (con el sector campesino) y si ellos no quieren entender de una forma pacífica, hay los diferentes alcaldes de los municipios tendrán que iniciar procesos legales contra estas personas que están dañando la ecología y están vulnerando las normas», mencionó.

De acuerdo a Calvo, son más de 1.600 predios irregulares en la zona de la Chiquitania, los mismos que deben ser desalojados y aseguró que quienes amenazaron con salir en cajones del lugar. «Nos tiene sin cuidado, de los interculturales son cinco portavoces que no están en la zona, son unos mandados, ´chupamedias´, ya que no están viviendo (ahí)».

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