Ante el aumento de los casos de contagiados y fallecidos por coronavirus (Covid-19) en el país, el Gobierno analiza la posibilidad de ampliar la emergencia sanitaria y la cuarentena total más allá del 15 de abril. Una opción que, según analistas, es viable solo si se aplican otras medidas de ajuste económico que ayuden a mitigar sus efectos sobre la población.

El lunes, el ministro de la Presidencia,Yerko Núñez, anunció que el Gobierno evaluará el tema en esta semana en función del comportamiento que presente la enfermedad. Asimismo, no descartó que la medida pase a tener un carácter regionalizado y se prolongue únicamente en aquellos departamentos más afectados por la pandemia.

“En Santa Cruz, el director del Sedes ha dicho lo importante que es poder prolongar (la cuarentena), pero hay que recordar que hay departamentos como Oruro, Chuquisaca, Tarija y Potosí donde no ha crecido el contagio, y hay otros como Beni donde que ni siquiera ha entrado (la pandemia)”, declaró la autoridad.

Esta solicitud fue lanzada por Santa Cruz, donde se registra un centenar de casos: “Yo quiero ser muy claro y la gente lo debe saber para tomar sus previsiones: no creo que podamos suspender la cuarentena”, expresó el secretario Departamental de Salud (Sedes), Óscar Urenda.

Mientras que la Gobernación de Oruro maneja el levantamiento de esta medida ante la falta de ingresos en las familias de diferentes sectores y el “silencio epidemiológico” de los últimos diecinueve días, que mantiene en ocho los casos confirmados.

La encuesta más reciente realizada por CiesMori a escala nacional muestra que el 76% de la población está de acuerdo con que se extienda la cuarentena, aunque el 40% es decir, cuatro de cada 10 bolivianos, reconoce no tener víveres suficientes para llegar al 15 de abril y ya no tiene dinero para comprarlos.

Viabilidad económica de la cuarentena extendida

De acuerdo con el criterio del analista Alberto Bonadona, prolongar la cuarentena es viable si paralelamente desde el Gobierno se toman medidas económicas que den una compensación por el desempleo que se está generando a raíz de la crisis sanitaria.

“Toda persona, ya sea gerente, propietario o trabajador, tiene que tener un seguro de cesantía. Con esa medida se podría mantener a la población con el gasto que necesita, destinado principalmente a la alimentación”, explicó Bonadona, quien también apuesta por que se permitan los pequeños mercados con el fin de evitar aglomeraciones en los más grandes.

Por otro lado, Jimmy Osorio aseguró que la macroeconomía puede sobrevivir con la venta de gas a países como Brasil y Argentina. Pero en términos micro, la situación “se complica mucho” debido a que el 83% de la población económicamente activa del país trabaja en el sector informal y, por ende, se constituye en el epicentro de la vulnerabilidad económica, sobre todo en el área urbana.

Si bien no se rige bajo una legislación laboral, está obligada a pagar impuestos estatales, patentes municipales y, en algunos casos, alquileres o créditos bancarios. Y es ahí donde el Estado debería intervenir para evitar una “catástrofe económica”.

En este contexto, Osorio aludió a la necesidad de aplicar medidas de ajuste económico que dinamicen e impulsen la economía, tales como reducir el gasto corriente por parte del Estado (sin generar desempleo) e inyectar esos recursos en inversión pública destinada a la generación de “empleo temporal de emergencia”.

«Trabajando con gobernaciones y municipalidades se podría generar un dinamismo económico muy fuerte. Por ejemplo, asfaltando las calles activas al empresariado de la construcción, esos activan al empresariado de la producción de materiales e insumos que, a su vez, van a demandar mano de obra. Así, las personas que han perdido su empleo tendrían una fuente de ingresos. Y el sector servicios, como es subsidiado por otros sectores, se reactivaría automáticamente”, detalló Osorio, a tiempo de señalar que es importante tomar en cuenta las características laborales que se desarrollan en Bolivia, en su mayoría de carácter presencial.

Por su parte, Juan Antonio Morales reconoció que la cuarentena tiene un “costo muy elevado” debido a que el aparato productivo está casi enteramente paralizado. Según el experto, si bien prolongar la cuarentena implicaría una caída en el crecimiento del PIB por encima del 3% con relación al crecimiento proyectado para este año 2020 en el Presupuesto General del Estado, la prioridad -dijo- tiene que ser evitar un mayor número de contagios.

Respecto a los compromisos que debería asumir el Estado para mitigar los riesgos económicos de la población, Morales manifestó que la preferencia debería ser atender a todas aquellas personas que lo están pasando mal por la falta de ingresos y acceso a alimentos: “Las medidas tomadas por el Gobierno en ese sentido van en la buena dirección, pero claramente son insuficientes”, apostilló.

Implicaciones de la ampliación
Ante el agotamiento de los recursos económicos de muchos sectores de la población, Osorio  y Bonadona coinciden en que el mayor riesgo de la prolongación de la cuarentena es, en caso de no darle una cobertura a estas personas, la “explosión” del sector informal.

“Esto podría seguir llevando hacia una catástrofe económica en la parte micro es decir, en la parte doméstica, personal, micro empresarial y unipersonal (…) Si no se aplica ninguna medida, el sector informal va a empezar a salir, porque están entre la desobediencia y la sobrevivencia, entonces prefieren esto último”, manifestó Osorio.

En este sentido, Bonadona señaló: “Si la gente no tiene recursos, va a haber explosiones de algún tipo social. Si se dan los recursos, de todas maneras, no van a ser suficiente y ahí lo único que queda es dar mayor información”, dijo, en una apuesta por democratizar el uso de Internet mediante el acceso gratuito a sectores como el estudiantil o las familias con mayores necesidades.

Para Morales, sin embargo, el mayor riesgo es continuar con el (prácticamente total) estancamiento de la producción. “El segundo elemento, que no es nada despreciable desde el punto de vista económico, son los efectos fiscales porque, en primer lugar, con la economía parada caen las recaudaciones, pero también el Gobierno está obligado a hacer gastos para atender a las familias”.

En relación a las ayudas que el Gobierno está brindando en el contexto actual a las familias, como la entrega de bonos, Osorio cuestionó que sean una solución, ya que no son productivos, constituyen un gasto corriente sin retorno y no dinamizan la economía: “Inmediatamente se requieren otro tipo de medidas. Es necesario que se apliquen medidas económicas generadoras,  es decir, que sean impulsoras y no solo subsidiarias”, recalcó.

Beneficios de la prolongación
Además de evitar la propagación del coronavirus, como destacó Morales, Bonadona evidenció que el “gran beneficio” de esta medida es que nos va a hacer dar un salto tecnológico y va a ayudar a cerrar la brecha digital.

“Hay mucha gente de todas las edades que está aprendiendo nuevas formas de utilizar la tecnología. Muchas personas mayores ahora se ven obligadas a usarla, lo cual es muy positivo”, consideró Bonadona.

“De la misma manera, si logramos que las transacciones sean también hechas a través de medios electrónicos esto va a favorecer enormemente a la economía el día después de esta epidemia”, continuó, haciendo énfasis en la mejora que esto puede suponer en las relaciones comerciales.

Asimismo, el experto apuntó a que en estos momentos se abre una gran oportunidad para impulsar actividades productivas como el uso de la energía solar fotovoltaica, en un intento por encontrar un sano equilibrio entre evitar el contagio del virus y reactivar la economía.

Osorio se mostró más escéptico al respecto y miró únicamente hacia la recuperación económica que se podría dar, según sus previsiones, hasta el final de la presente gestión si se aplican otras medidas como, por ejemplo, pausas tributarias, flexibilización del pago de alquileres o la ampliación del año fiscal.

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